El Gobierno de Nicaragua rechazó de manera integral el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua” por considerarlo sesgado, subjetivo, parcializado y por faltar totalmente a la verdad, ofendiendo la dignidad de los nicaragüenses.
La CIDH presentó su informe este 22 de junio durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocado con el propósito de considerar la situación de violencia que desde hace más de dos meses vive el pueblo nicaragüense.
Actualmente, 34 países son miembros de la OEA que corresponden al 100%. Los que votaron a favor del informe de la CIDH son 11 países, que representan el 32.35%; por otro lado, 3 países lo rechazaron de plano (8.82%); y los que se abstuvieron de votar fueron 20 (58.83%) por encontrar poco claro el informe. En conclusión, entre abstenciones y rechazos al informe suman 23, que representan el 67.65 %.
En la reunión, celebrada en el Salón Simón Bolívar de la sede del organismo interamericano en Washington, el canciller de Nicaragua Denis Moncada rebatió con la verdad el contenido del informe de la Comisión, en cuyas más de 80 páginas omiten completamente los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra partidarios del gobierno y sandinistas, por la oposición de extrema derecha y delincuentes.
No obstante, el canciller Moncada reiteró que “El Estado de Nicaragua continúa y seguirá trabajando por la paz y la estabilidad, para que la verdad y la justicia, el orden social, la seguridad y los derechos humanos de todos los nicaragüenses y las personas que están en nuestro territorio prevalezcan”. (A continuación, sus palabras).
Señor Secretario General Luis Almagro.
Señor Presidente del Consejo Permanente, embajador Andrés González.
Señora Comisionada Antonia Urrejola.
Señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão.
Señoras y Señores Representantes Permanentes Alternos y Observadores ante la Organización de los Estados Americanos.
Agradecemos al señor Secretario General la presentación de su informe sobre la situación en Nicaragua. De igual manera, tomamos nota de la presentación de la Comisionada Urrejola y del señor. Abrão y de su informe: Derechos
Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) rechaza de manera integral el informe presentado
por la CIDH por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado. El informe analiza las protestas sociales ocurridas el 18 de abril, en las cuales no resultó ninguna persona fallecida.
Sin embargo, los medios de comunicación, manipulando la información, publicaron una noticia falsa sobre el fallecimiento de un estudiante universitario en la Universidad Centroamericana (UCA), el cual nunca existió,
información que sirvió como detonante de los hechos acaecidos a partir del 19 de abril.
Grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional del país, ajenos a la reivindicación social, dieron lugar a partir de ese día a una asonada, que devino en estragos, incendios, saqueos y motín.
El Estado de Nicaragua expresa categóricamente su posición sobre los hechos que analiza la CIDH, los cuales no se dan en el marco de protestas sociales, sino en el marco de un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar por la vía de hecho a las autoridades y al Gobierno legítimamente electo.
A partir de esa noticia falsa se comienza a desarrollar el plan preconcebido de la asonada política con la participación de pandilleros armados, lo que provocó que el día 19 acaecieron tres muertes, entre ellas la de un policía que murió por disparo de arma de fuego mientras restablecía el orden público y la libre circulación en los alrededores de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
No es política de Estado reprimir protestas
Simultáneamente, este patrón delictivo se replicó en algunas de las principales ciudades del país, lo que reveló la existencia de una planificación y organización previamente diseñada y financiada. El Gobierno de Nicaragua reafirma que no es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional; basta citar las múltiples marchas que han ocurrido en el país, en las que no se reportó ningún fallecido.
Rechazamos las recurrentes, ligeras e infundadas afirmaciones de condenas sobre denuncias hechas en contra del Estado de Nicaragua y, en particular, en contra de la Policía Nacional a las que alude el informe.
El informe presentado por la CIDH, hasta el 6 de junio sobre fallecidos atribuidos al Estado, no está ajustado a la realidad, porque se reportó a esa fecha 98 fallecidos vinculados a esa coyuntura dentro de los cuales hay también policías, ciudadanos sandinistas y población en general. No todos los fallecidos son atribuibles a la situación que se estaba viviendo en ese momento, ya que algunos de ellos fueron por causa ajenas a los sucesos que están siendo investigados por las autoridades competentes.
Los 143 muertos señalados en el informe no han sido debidamente investigados y verificados por la CIDH, ya que en la realidad se han manifestado varios ciudadanos afirmando que sus identidades han sido utilizadas, haciéndolos aparecer como fallecidos; otros de los señalados como muertos han sido por diferentes causas ajenas a los sucesos.
En este informe se omite deliberadamente, todos los ataques armados, asedios, hostigamientos y secuestros de los que han sido y siguen siendo objeto las delegaciones de la Policía Nacional, las que por decisión del Presidente de la República y a solicitud de la Mesa del Diálogo, fueron reconcentradas en sus unidades como ocurrió en Matagalpa, Jinotepe, Masaya, León, Jinotega, Diriamba, Sébaco, Nagarote, Nindirí, entre otros; y la masacre y secuestros de policías en Mulukukú y El Jicaral.
La concentración de la Policía en sus unidades ha generado un libre accionar de los delincuentes, trayendo como consecuencia el incremento de la actividad delictiva. Asimismo, cabe destacar que la CIDH hace caso omiso a los Derechos Humanos y constitucionales tales como el derecho al trabajo, a la libre circulación de las personas, a recibir atención en salud, así como al derecho a la alimentación y educación.
Informe sin bases investigativas
En este reporte también se omite la destrucción, incendio y saqueo de oficinas de instituciones públicas, edificios municipales, de unidades de policía, de instalaciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de viviendas de dirigentes del FSLN y funcionarios públicos; además de la destrucción y saqueo de ambulancias, centros de salud, clínicas móviles, casas maternas, escuelas, equipos y maquinaria de las Alcaldías.
La mayoría de las fuentes de información que se citan en el informe de la CIDH proviene de agencias y medios de comunicación adversos al gobierno, cuya generalidad de noticias son falsas y manipuladas.
La CIDH no toma en cuenta las versiones de las familias afectadas y los bienes destruidos, quitándole valor de objetividad a su informe, ya que no está basado en investigaciones de fondo y por consiguiente no puede tener conclusiones definitivas al no incorporar las denuncias de ciudadanos victimas de atropellos de los grupos desestabilizadores.
El Estado de Nicaragua rechaza contundentemente todas las irregularidades y denegación de atención médica que la CIDH refleja en su informe. El Ministerio de Salud mostró evidencia a los miembros de la CIDH de los pacientes
que fueron y están siendo atendidos en las diferentes unidades de salud y en seguimiento en la consulta externa de los hospitales.
Durante este período también se han recibido pacientes de hospitales privados, a los cuales se les ha dado continuidad de la atención; reafirmamos que nunca se ha negado la atención a los pacientes.
El 6 de junio el Estado le ofreció y entregó a la CIDH la información detallada de los 1,337 lesionados, con información de la unidad de salud en que fueron atendidos cada uno, de la situación en que llegaron y la atención que se brindó, la cual es omitida deliberadamentepo r la CIDH, pronunciándose la mala calidad en algunos casos sin
haber realizado una auditoria médica que evalúe el proceso de atención.
Absoluta libertad de expresión en Nicaragua
El Estado de Nicaragua rechaza contundentemente las supuestas irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los fallecidos y lesionados ocurridos en ese contexto, el Ministerio Público en todos los casos que ha judicializado lo ha hecho cumpliendo con los estándares internacionales y agotando todas las posibles líneas de investigación; las acusaciones se han realizado con abundantes elementos de convicción, con pruebas periciales, testificales y documentales, entre otros.
Rechazamos la supuesta falta de confianza en presentar denuncias, ya que el Ministerio Público ha recibido más de 60 denuncias por familiares de personas fallecidas, así como abundantes denuncias por daños a la propiedad pública y privada que demuestran la confianza de la población en la institución.
En la visita de la CIDH, el Ministerio Público hizo saber de esta información y sobre las diligencias investigativas, las cuales en este informe han sido ignoradas. En Nicaragua hay absoluta libertad de expresión y más bien se abusa de ella, divulgando noticias falsas que mantienen en zozobra a la población y provocan hechos delictivos como la quema de Radio Ya y Radio Nicaragua, hechos que son omitidos en el informe, donde se puso en peligro la vida de los periodistas que estaban laborando.
Basta leer los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y virtuales opositores al gobierno para constatar la existencia de la libertad de expresión, difundiendo noticias falsas, de escarnio y de linchamiento mediático hacia los servidores públicos del Estado de Nicaragua. Rechazamos enérgicamente que la mayoría de los medios audiovisuales sean gubernamentales.
Los reporteros de los medios adversos al gobierno, de forma inexplicable llegan como avanzada al lugar donde se están cometiendo actos vandálicos, como incendios y destrucción de la propiedad pública y privada, entre otros.
Los daños sufridos por funcionarios y ciudadanos identificados como sandinistas, no se reflejan en el informe de la CIDH; así como los incendios provocados en Masaya, León y Managua con personas calcinadas y otras secuestradas,
que constituyen verdaderos actos terroristas.