El abuso de la justicia transnacional como arma de agresión imperial

Stephen Sefton (*)

El abuso de administración de la justicia siempre ha permitido a las élites gobernantes anti-democráticas perseguir a sus adversarios con fines políticos o económicos, e incluso a imponer oprobiosas normas culturales como el racismo contra poblaciones enteras. La historia norteamericana y europea, está repleta con ejemplos de persecución injusta y discriminación o represión facilitada por el sistema judicial contra individuos, sindicatos, grupos religiosos o minorías étnicas.

Lo mismo aplica en el caso del derecho internacional, lo cual se ha desarrollado extensamente desde la fundación -al final de la Segunda Guerra Mundial- de la Organización de Naciones Unidas y el establecimiento de su Corte Internacional de Justicia. Desde ese momento histórico, se han fortalecido progresivamente diferentes ramas del derecho internacional, como el derecho marítimo, el derecho humanitario, el sistema de derecho del comercio internacional o el sistema internacional de los derechos humanos.

Además, se han desarrollado sistemas judiciales regionales como el sistema de la Unión Europea, el sistema de la Unión Africana y, en el caso de América Latina y el Caribe, el sistema Interamericano creado con la fundación de la Organización de Estados Americanos en 1948. Hay que reconocer que, en general, el sistema del derecho internacional ha promovido la paz, la coexistencia y el entendimiento por medio de la resolución de innumerables desavenencias, disputas y conflictos de todo tipo.

En adición a los sistemas judiciales regionales, en diferentes momentos el Consejo de Seguridad de la ONU ha autorizado tribunales para atender temas específicos, como en los casos de Ruanda, de la antigua Yugoslavia o del Líbano. En 1998 el Estatuto de Roma, apoyado por 120 Estados alrededor del mundo, estableció la Corte Penal Internacional (CPI) que empezó a funcionar en 2002.

Notablemente ausentes de las naciones que reconocen a la Corte son los Estados Unidos norteamericanos, la India, la Federación Rusa y la República Popular China entre docenas de otros países, entre ellos Nicaragua. Igual que los tribunales sobre Ruanda, la antigua Yugoslavia y el Líbano, lamentablemente la Corte ha sido notoria por su flagrante aplicación de los criterios políticos del Occidente colectivo.

En el caso de Palestina, hasta hace muy poco, sus políticas han favorecido el apartheid del régimen sionista de Israel, pero también tiene un descarado sesgo anti-ruso, y una postura neocolonial en relación a África. No ha tomado acción decidida contra las criminales agresiones norteamericanas, porque no ha tenido el valor de desafiar las escandalosas amenazas de los gobiernos norteamericanos contra la Corte y sus funcionarios.

Corrupción en las organizaciones de la ONU

Esta historia de la actuación de la CPI, desde su fundación, ha ido de la mano con la progresiva corrupción de los procesos de las organizaciones de las Naciones Unidas encargadas con el manejo de temas como, por ejemplo, los derechos humanos, el control de la energía nuclear y de las armas químicas y biológicas, o de los refugiados.

Con el paso del tiempo se ha visto cada vez más evidencia de la mala fe y la significativa sesgada politización del sistema del derecho internacional de parte de los gobiernos del Occidente colectivo. Son varios los elementos fundamentales de esta corrupción moral e intelectual en los organismos que componen el sistema.

Directa e indirectamente, los gobiernos europeos y norteamericanos han cooptado todas las fuentes de información posibles para hacer prevalecer, en la información que se presenta en las instituciones de la justicia internacional, su versión de los acontecimientos alrededor del mundo. Este casi-monopolio de la información es de suma importancia, ya que al envenenar las fuentes de la información ha sido posible presentar la información tóxica como si se originaba procedente de fuentes independientes y moralmente intachables.

Los gobiernos norteamericanos y sus aliados financian directamente, alrededor de todo el mundo, programas de cooperación para el desarrollo enfocados en la promoción de la democracia liberal occidental y su oportunista interpretación de mala fe de los derechos humanos. No solamente han contaminado los sectores de las organizaciones sin fines de lucro y las entidades llamadas no gubernamentales, sino también programas de investigación académica en las universidades para envenenar todas las fuentes de información que podrían ser consideradas independientes.

Las enormes cantidades de financiamiento con este propósito de parte de los gobiernos occidentales, fue complementada con montos de dinero igualmente grandes del sector de las fundaciones sin fines de lucro asociadas con los grandes empresas norteamericanas y europeas, las cuales, por supuesto, refuerzan las políticas de sus gobiernos.

Así que se ha intensificado cada vez más, en los últimos treinta años, la realidad notada originalmente en 1944 por el entonces vice presidente norteamericano, el reconocido progresista Henry Wallace, cuando escribió: “El fascista norteamericano prefiere no utilizar la violencia. Su método es envenenar los canales de la información pública”. Allí, el señor Wallace reconoció primero que el fascismo es una fuerza política poderosa en su país y, segundo, que ya en esa época fue capaz de controlar las fuentes de información.

Información envenenada y pervertida

Ahora los principales medios de comunicación en los países occidentales están todavía más concentrados que antes en las manos de una media docena de grandes empresas mediáticas que seleccionan su información, sobre temas internacionales, casi exclusivamente de las fuentes de información ya completamente envenenadas y pervertidas por el financiamiento occidental.

En consecuencia, las instituciones del derecho internacional, lejos de considerar los casos que les tocan adjudicar de manera equilibrada y equitativa, llegan a sus conclusiones a base de una oferta informativa altamente corrupta, sesgada y politizada. Nuestro Comandante Daniel ha explicado esta realidad cuando comentó en el aniversario del caso que Nicaragua ganó en La Haya en 1986 contra el gobierno de Ronald Reagan.

El Comandante dijo que los países del Occidente colectivo “hasta el momento han ocupado a los organismos internacionales para agredir a los pueblos, para difamar a los pueblos, para invadir a los pueblos, para bloquear a los pueblos”.

Unos ejemplos

Los gobiernos de los países que defienden su soberanía e independencia contra los países imperialistas del Occidente colectivo y sus aliados como Japón y Australia, nunca recibirán un trato justo en el sistema de las Naciones Unidas. Ahora se ha llegado a dudar aun de la integridad de la Corte Internacional de Justicia por su falta de decisión para condenar el genocidio sionista contra el pueblo palestino, y la complicidad norteamericana y europea en ese enorme crimen de lesa humanidad.

En el caso de Cuba, se calcula que el criminal bloqueo genocida contra la Isla durante más de sesenta años por el Estado norteamericano ha costado al pueblo cubano más de US$144 millones de millones en precios de hoy. Ninguna instancia del derecho internacional ha condenado al Estado norteamericano por este horrendo crimen de lesa humanidad.

Cada año la Asamblea General exige el fin del bloqueo y, como en otra ocasión ha comentado nuestro Comandante Daniel, “…cuántas veces ha votado la mayoría de los países que están en Naciones Unidas, año con año vienen votando para que se levante el bloqueo a Cuba, la inmensa mayoría. ¿Y qué pasa? ¡Nada! ¡Nada!”.

En el caso de Nicaragua, todavía esperamos que el Estado norteamericano cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia en 1986 de indemnizar a nuestro país con un monto cuyo valor original en dólares norteamericanos de US$17 mil millones se ha triplicado hoy, para sumar más de US$50 mil millones, que es más de dos veces el valor de nuestro Producto Interno Bruto anual.

Casos falsos y absurdos

Mientras el sistema del derecho internacional en efecto otorga inmunidad a los Estados Unidos y sus aliados, aplica otro criterio muy diferente a las naciones del mundo mayoritario. Casi todos los casos llevados a la Corte Penal Internacional, han sido contra dirigentes africanos. Entre los casos más notorios está el de Laurent Gbagbo, ex presidente de la nación de Africa Oeste, Costa Marfil.

El presidente Gbagbo fue destituido en 2011 con un golpe de Estado confeccionado por la misión de la ONU que operaba en el país, junto con tropas del antiguo poder colonial, Francia. Durante los diez años anteriores, Francia fomentó una guerra terrorista desde el territorio de Burkina Faso, gobernado en ese tiempo por Blaise Compaoré, una ficha regional de Francia que asesinó al héroe antiimperialista africano Thomas Sankara en 1987 para tomar el poder.

Laurent Gbagbo fue enviado a la Haya para enfrentar falsas acusaciones ante la Corte Penal Internacional. El equipo de la prosecución no tenía pruebas adecuadas para ganar su caso, pero durante ocho años ocupaba tácticas dilatorias para asegurar que Laurent Gbagbo no regresara a su país y probablemente vencer en elecciones al gobierno instalado por la ONU y Francia, respaldado por el Occidente colectivo.

Fue hasta 2019 que se retiraron los cargos falsos por falta de pruebas, pero Laurent Gbagbo solamente pudo regresar a su país en 2021. El caso fue uno de los ejemplos más claros del doble rasero de la justicia internacional con fines políticos, controlado por las élites occidentales por medio de sus gobiernos nacionales, su control monopólico de las fuentes de información, y la torpeza moral e intelectual de las y los funcionarios de la CPI.

Otro caso falso y absurdo presentado por la Corte Penal Internacional fue la acusación contra el presidente Vladimir Putin de Rusia y su Comisionada Presidencial de los Derechos de la Niñez, la compañera Maria Lvova-Belova. La acusación alega que Rusia había secuestrado niñas y niños de Ucrania durante el conflicto provocado por el expansionismo de la OTAN. De hecho, Rusia ha actuado con claros fines humanitarios para evacuar niñas y niños de las zonas de guerra, con sus familias en la medida posible.

La compañera Maria Lvova-Belova ha hecho una tremenda labor para reunir a las familias que fueron separadas. En cambio, hay acusaciones fidedignas contra las fuerzas armadas y autoridades de Ucrania de haber secuestrado niñas y niños de las zonas del conflicto, para traficarlos o para vender sus órganos. Sin embargo, la CPI no hace ninguna investigación de los reportes de estos y otros horrendos crímenes del régimen de simpatizantes nazis de Ucrania, solo impulsan la espuria acusación contra las autoridades rusas.

La “industria de los derechos humanos”

Por otro lado, aquí en América Latina, Nicaragua y Venezuela han sido los blancos más perjudicados por lo que muchos han llamado “la industria de los derechos humanos”. Esta industria está compuesta por las organizaciones sin fines de lucro nacionales, financiadas completamente desde el extranjero. A ellas se añaden organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

La información de estas fuentes se canaliza a las instituciones regionales e internacionales completamente anti-democráticas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Más adelante, en la gestión pseudo-legal promovida por estas organizaciones, sus falsas conclusiones pasan a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Todo este aparato sirve para generar pretextos políticos con el objetivo de denunciar a gobiernos revolucionarios y anti-imperialistas, y justificar posibles sanciones de parte del Consejo de Seguridad de la ONU o alguna prosecución de parte de la Corte Penal Internacional. En el caso de Venezuela, el reconocido experto en esta rama del derecho internacional, Alfredo de Zayas, ha comentado sobre uno de los espurios informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU: “Bochornoso es el ‘informe’ de los llamados ‘expertos independientes’, que nunca estuvieron en Venezuela y se basan sobre fuentes no fidedignas”,

Lo mismo aplica a todos los informes sobre Venezuela y Nicaragua de estas organizaciones deshonestas. Preguntado sobre qué motiva la deshonestidad de las instituciones y organizaciones de los derechos humanos dominado por los poderes occidentales, Alfredo de Zayas comentó: “esta gente no tiene vergüenza, son imperialistas y neo-colonialistas, carecen de moral y de coherencia. Lo que hacen es sumamente anti-democrático”.

El cinismo e hipocresía de estas instituciones es total. En lo que toca a Nicaragua, no toman en cuenta la información oficial de nuestro Buen Gobierno, no responden a material independiente que desmiente sus falsedades y mucho menos les interesa el testimonio de las víctimas de la violencia golpista que tanto daño ha hecho al país. El sistema internacional de derechos humanos es dirigido por una mafia burocrática que no tolera que nadie cuestione y exponga su falsedad.

El tema de la jurisdicción extraterritorial

Relacionado con el tema de la justicia transnacional está el tema de la jurisdicción extraterritorial. Desde hace mucho tiempo el gobierno norteamericano ha abusado de su enorme poder comercial y financiero a nivel global, para intimidar a sus países aliados a aceptar la jurisdicción extraterritorial de sus leyes y poder así atacar económicamente a los países percibidos como sus adversarios.

El gobierno norteamericano aplica este principio cuando sabe que no va a tener el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, para aplicar sanciones en conformidad con el derecho internacional. En los últimos años, los países que han sufrido más en América Latina por la aplicación de la jurisdicción norteamericana de manera extraterritorial han sido Cuba, como siempre, y Venezuela.

La mayoría de los países quieren comerciar con los Estados Unidos y los yanquis aprovechan este hecho para amenazar a las empresas de otros países, que podrían comerciar con Cuba y Venezuela, con litigios punitivos si lo hacen. Lo mismo ha ocurrido con el caso de los grandes aviones venezolanos secuestrados en Argentina y en República Dominicana. El caso del secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, en Cabo Verde, fue otro ejemplo de un país con un gobierno canalla que se sometió al criminal mando norteamericano en vez de aplicar el derecho internacional.

Ahora, el gobierno yanqui ha llegado al extremo de secuestrar al presidente de un Estado soberano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, en completa violación no solamente del derecho internacional, sino de su propia Constitución. La Constitución de los Estados Unidos obliga al gobierno a respetar, como parte de su propio cuerpo legislativo, los tratados internacionales, como la Carta de la ONU, ratificados por el Congreso norteamericano. Así que, desde un inicio, el juicio en un tribunal de distrito de Nueva York contra un Presidente de otro país soberano ha sido viciado por ser una violación de la Constitución Política de su propio país.

Conclusión

Con cada paso falso de ilegalidad de este tipo, y cada ejemplo del cínico abuso oportunista del sistema del derecho internacional, los gobiernos norteamericanos y sus secuaces en Europa y otras regiones el mundo pierden credibilidad y autoridad. Se está dejando hueco el sistema de las Naciones Unidas, de tal manera que se aumenta cada vez más la posibilidad del surgimiento de nuevas instancias del derecho internacional que dejen afuera a los países forajidos occidentales.

Aunque los presidentes Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia insisten siempre en el imperativo de fortalecer la ONU, es poco probable que sea posible llevar a cabo ese tipo de reforma ante el persistente y agresivo comportamiento ilegal de los gobiernos norteamericanos. El uso respetuoso y honesto de la justicia transnacional es un elemento de fundamental importancia para la estabilidad internacional, pero sus instituciones y la manera en que se aplica requieren ser completamente liberadas del control del Occidente colectivo para poder asegurar la paz y la justicia alrededor del mundo.

(*) Periodista y analista político internacional.