Edgar Palazio Galo (*)
El intento de golpe de Estado terrorista que sufrió Nicaragua marcó un punto de inflexión sombrío en la historia reciente de la nación. Lejos de ser una manifestación espontánea de descontento popular, como algunos quisieron hacer creer, este evento se reveló como una maniobra planificada por sectores internos y externos con la perversa intención de sumir al país en una espiral de violencia criminal y caos, buscando así la deposición de un gobierno popular legítimamente electo.
Guerra híbrida y resiliencia popular
Los sucesos en Nicaragua revelaron una estrategia de desestabilización que combinó la brutalidad de actos terroristas —tales como tranques, secuestros y asesinatos— con una campaña masiva de desinformación destinada a manipular a la población. Además, se instrumentalizó de manera siniestra a diversos sectores sociales, incluyendo jóvenes y estudiantes, con el objetivo de sembrar discordia y fracturar la unidad nacional.
Este oscuro episodio demostró la aplicación de tácticas propias de la guerra híbrida, un método empleado para socavar a gobiernos que defienden proyectos soberanos y de justicia social. Sin embargo, frente a esta arremetida, el pueblo nicaragüense demostró una vez más su capacidad de resistencia, heredada de las luchas contra invasiones e intervenciones extranjeras.
La firmeza y la conciencia colectiva permitieron desarticular los focos de caos y violencia, reafirmando el compromiso con la paz, la estabilidad y el desarrollo nacional. Esta victoria no solo frustró los planes desestabilizadores, sino que también fortaleció la determinación de avanzar hacia un futuro de prosperidad, basado en la soberanía y la justicia social. La resiliencia popular se erigió como el escudo más efectivo contra las nuevas formas de guerra imperial.
Un legado de lucha contra la dominación
La historia de Nicaragua es, en esencia, una crónica de resistencia frente a las fuerzas de dominación que han buscado imponer intereses contrarios a la soberanía y el bienestar de su pueblo. Desde los primeros actos de rebeldía de Diriangén y Nicarao, quienes enfrentaron con coraje la invasión colonial española, hasta la heroica defensa de Andrés Castro contra el filibustero William Walker en el siglo XIX, los nicaragüenses han escrito páginas de dignidad.
En el siglo XX, la figura de Benjamín Zeledón simbolizó la resistencia a la ocupación militar estadounidense, mientras que el General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino se erigió como faro de la lucha antiimperialista, defendiendolasoberanía y autodeterminación nacional. Más tarde, el Frente Sandinista de Liberación Nacional condujo la insurrección popular que derrocó a la dictadura somocista, un régimen opresor sostenido por décadas con apoyo extranjero.
En los años 80, el pueblo resistió la agresión contrarrevolucionaria financiada por el imperialismo, demostrando una vez más su capacidad de organización y sacrificio. En el 2018, esa misma firmeza se mantuvo frente a las nuevas formas de injerencia, reafirmando que Nicaragua no claudica en la defensa de la soberanía, la justicia social y la autodeterminación. Este legado de lucha sigue vivo, inspirando a las nuevas generaciones a proteger las conquistas históricas de la nación.
Un nuevo capítulo en la larga batalla por la emancipación
En el extenso panorama histórico de Nicaragua, caracterizado por una tradición de luchas emancipatorias contra diversas formas de dominio y exclusión, los trágicos acontecimientos del 2018 no constituyeron un suceso fortuito, sino la manifestación más reciente de esta batalla histórica: un nuevo y violento capítulo en la defensa de la autodeterminación nacional y la construcción de una sociedad verdaderamente justa e inclusiva.
En este trascendental punto de inflexión, se confrontaron de manera irreconciliable dos concepciones de nación radicalmente distintas. Por un lado, un proyecto soberano y popular, heredero de las luchas del General Sandino y la Revolución Popular Sandinista, que prioriza la justicia social, la redistribución de la riqueza y el empoderamiento de los sectores históricamente marginados.
Este modelo, conducido por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha impulsado políticas de acceso universal a la educación, la salud y la vivienda, además de promover un desarrollo económico autónomo, libre de los dictámenes del FMI o la injerencia de potencias extranjeras. Es un proyecto que busca romper con los ciclos de dependencia y desigualdad, garantizando que los recursos nacionales beneficien al pueblo y no a una minoría privilegiada.
Frente a este avance, se alzó una ofensiva reaccionaria, impulsada por sectores oligárquicos y de la jerarquía católica, aliados a intereses geopolíticos externos. Utilizando tácticas de guerra híbrida —desde la manipulación mediática hasta la violencia terrorista—, intentaron imponer un regreso al neoliberalismo, un sistema que por décadas perpetuó la pobreza, la privatización de derechos básicos y la sumisión a los designios del capital transnacional. Su objetivo era claro: restaurar un orden donde una élite minoritaria controle el poder económico y político, mientras las mayorías quedan condenadas a la exclusión.
Sin embargo, como en tantos momentos históricos, el pueblo nicaragüense demostró su capacidad de resistencia. La conciencia colectiva, forjada en luchas pasadas, permitió desenmascarar y derrotar este intento desestabilizador. Hoy, Nicaragua sigue avanzando en su camino de soberanía, reafirmando que la verdadera emancipación no es solo un legado del pasado, sino un compromiso vigente con las generaciones futuras. La batalla continúa, pero el pueblo ha dejado claro que no cederá su derecho a construir un destino propio.
La realidad del intento golpista
El intento de golpe de Estado terrorista que azotó Nicaragua se caracterizó por una intensificación sistemática de la violencia, meticulosamente orquestada con el propósito primordial de infundir terror y desestabilizar la nación. La proliferación de los denominados “tranques” no constituyó una expresión de protesta ciudadana, sino que representó una estrategia perversamente concebida para establecer enclaves de tortura y escenarios propicios para la comisión de crímenes de una atrocidad inaudita.
En el sombrío contexto de estos tranques, se transgredió flagrantemente no solo el derecho fundamental a la libre circulación, un pilar esencial de cualquier sociedad democrática, sino también los principios más elementales de la dignidad humana. Los tranques se transformaron en siniestros centros de secuestro, tortura y asesinato, donde los perpetradores del intento golpista segaron la vida de 269 personas, según la Comisión Nacional de la Verdad, Justicia y Paz, incluyendo a 22 valientes hermanas y hermanos de la Policía Nacional, cuyo juramento de proteger a la ciudadanía los convirtió en víctimas de una violencia despiadada.
Estas acciones, perpetradas con una brutalidad escalofriante y una total ausencia de compasión, contaron con la tácita permisividad de la jerarquía de la autodenominada “santa iglesia católica apostólica romana”. Esta anuencia permitió que espacios sagrados fueran profanados y transformados en centros de operaciones golpistas: iglesias católicas sirvieron como santuario para grupos armados y sus recintos religiosos se utilizaron para el almacenamiento de armas y la coordinación de ataques.
De manera simultánea, obispos y sacerdotes actuaron como voceros de la violencia, revistiendo los crímenes con el falso manto de una “protesta legítima”. Esta flagrante traición a su misión pastoral sembró una profunda indignación en el pueblo creyente y generó un severo cuestionamiento a la integridad moral de una institución que, estando llamada a ser promotora de la paz, se involucró como cómplice del terror.
Las escalofriantes imágenes y los desgarradores testimonios de una violencia extrema, que incluyeron linchamientos públicos, revelaron la verdadera y sombría naturaleza del intento de desestabilización. Estos actos atroces despojaron por completo a la intentona golpista de cualquier apariencia o vestigio de legitimidad que sus promotores intentaron vanamente proyectar. Lejos de responder a un interés genuino por fomentar un diálogo constructivo y sincero o por la edificación de una democracia participativa, estos horribles hechos evidenciaron una agenda oculta y perversa, fundamentada en la destrucción sistemática, la siembra del terror como herramienta de control y la imposición de una voluntad por la fuerza bruta.
La sistematicidad con la que se llevaron a cabo los secuestros, las torturas y los asesinatos a sangre fría dejaron una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de Nicaragua, exponiendo crudamente el verdadero rostro de un intento golpista que recurrió al terrorismo en su forma más abyecta como principal instrumento de acción.
Los edificios públicos, símbolos de la soberanía y el servicio a la ciudadanía, fueron objeto de ataques vandálicos; alcaldías, centros de salud que velaban por el bienestar de la población, e innumerables otras instituciones gubernamentales fueron incendiadas, saqueadas y destruidas. Estas acciones no solo generaron pérdidas materiales significativas para el Estado nicaragüense, menoscabando su capacidad operativa, sino que también provocaron una grave interrupción en la prestación de servicios esenciales a la población, afectando directamente la calidad de vida de miles de ciudadanos que dependían de estas instituciones para su bienestar general.
Asimismo, los centros universitarios, pilares fundamentales para la formación profesional de las nuevas generaciones y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, también sufrieron las graves consecuencias del intento golpista. Algunas universidades fueron tomadas y transformadas en improvisadas trincheras y centros de operaciones para la ejecución de actividades criminales, desvirtuando su noble propósito educativo. Esta situación caótica interrumpió abruptamente las clases y causó daños irreparables a la infraestructura educativa, incluyendo la destrucción de valiosos equipos de laboratorio y recursos académicos esenciales.
Para comprender la magnitud del daño material infligido a Nicaragua por estas fuerzas oscuras y diabólicas, se contabilizaron 252 edificios públicos o privados destruidos, 209 kilómetros de calles y carreteras inutilizados, 278 maquinarias y equipos de construcción esenciales incinerados, y 389 vehículos —muchos de ellos pertenecientes a alcaldías, al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), al Ministerio de Salud (MINSA) y a otras instituciones cruciales— quemados, dañados o destruidos.
Además de la devastación física, se vieron afectados 68 mil empleos de nicaragüenses que contribuían al Sistema de Seguridad Social, lo que generó un grave impacto en las economías locales y en las micro, pequeñas y medianas empresas, pilares fundamentales del tejido productivo del país. El sector turístico, una importante fuente de ingresos y empleo, también sufrió un duro golpe, con la afectación de 8 mil 600 pequeños negocios y pérdidas estimadas en 231 millones de dólares, lo que evidencia el alcance transversal de la destrucción causada por el intento golpista.
Desinformación: el arma mediática del intento golpista
En el plano mediático, el intento golpista se apuntaló sobre una intensa y bien financiada campaña de desinformación a escala masiva. Periodistas vende patria y medios de comunicación al servicio de la oligarquía con una clara línea golpista, ONG con financiamiento externo y diversas plataformas digitales se articularon para manipular la información, difundiendo noticias falsas, tergiversando hechos y construyendo una narrativa distorsionada de la realidad con el objetivo de deslegitimar al gobierno legítimamente constituido.
De manera deliberada y sistemática, se ignoraron los crímenes cometidos por los grupos golpistas, presentándolos como víctimas de una supuesta represión estatal. En paralelo, se ocultó o minimizó la actuación del Estado en defensa del orden constitucional y la seguridad ciudadana, presentando cualquier acción de las fuerzas del orden como un acto desproporcionado.
Este uso de la guerra mediática no fue un fenómeno exclusivo de Nicaragua. Se trata de una táctica recurrente y ampliamente documentada en los denominados “golpes blandos”, orientados a desestabilizar y derrocar gobiernos progresistas en América Latina, utilizando la manipulación informativa como un arma de deslegitimación y polarización social.
Liderazgo firme y restablecimiento del orde
Frente a un escenario complejo marcado por actos terroristas y estrategias orientadas a la desestabilización, el GRUN, bajo el liderazgo del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo, respondió con determinación, sabiduría política y profunda responsabilidad histórica. Se optó por un proceso de pacificación institucional, diálogo y fortalecimiento del modelo de democracia participativa que caracteriza al proyecto sandinista. Construyendo consensos con sectores comprometidos con el bienestar común, se logró restablecer la paz y el orden, consolidando un modelo de desarrollo económico y social centrado en el protagonismo del pueblo y el bienestar de las grandes mayorías.
A pesar de la virulencia de los intentos por fracturar la institucionalidad, de las campañas de odio y desinformación, y del daño ocasionado al tejido social y económico del país, el pueblo nicaragüense demostró y ha demostrado una capacidad admirable de resistencia, organización y esperanza. Lejos de doblegarse, ha reafirmado su confianza en el proceso revolucionario y en la conducción política del FSLN, renovando su compromiso con una Nicaragua libre, soberana y en paz.
El proyecto político y social que impulsa el GRUN se basa en una visión clara de país: una Nicaragua donde la educación, la salud, la cultura y el trabajo digno son derechos garantizados para todos; donde el crecimiento económico no está orientado por la acumulación excluyente, sino por principios de equidad, inclusión, solidaridad y sostenibilidad ambiental. Este modelo ha permitido a Nicaragua enfrentar con dignidad sanciones unilaterales y múltiples formas de presión externa.
Se ha demostrado que la autodeterminación es posible cuando existe una voluntad política firme, un liderazgo visionario y un pueblo organizado, consciente y protagonista. En este marco de resistencia activa y avance constante, la esperanza del pueblo nicaragüense trasciende el anhelo y se ha convertido en una convicción profunda, nutrida por la rica memoria histórica de luchas pasadas y presente y fortalecida por la materialización de logros tangibles en diversos ámbitos.
Cada escuela que se construye en las zonas más remotas del país, cada carretera que conecta territorios que antes permanecían aislados, cada puesto de salud en una comunidad rural, cada hospital que se equipa con tecnología moderna y cada familia que accede a una vivienda digna representan manifestaciones concretas de un proceso de transformación que es irreversible, que avanza y continúa sembrando las semillas de un futuro más próspero y justo para todos los nicaragüenses.
El futuro de Nicaragua en manos de su pueblo
El porvenir de Nicaragua se edifica día a día con el esfuerzo mancomunado de su pueblo, cimentado en la unidad en torno a los pilares fundamentales de la identidad nacional, la irrenunciable soberanía y la aspiración colectiva de justicia social. La preservación y profundización de los avances alcanzados con tesón y sacrificio demandan una cohesión social robusta, un compromiso inquebrantable con el proyecto de nación y una claridad meridiana en cuanto a los objetivos a largo plazo.
No existe fuerza externa o interna capaz de doblegar la voluntad de un pueblo unido y revertir los logros conquistados a través de la lucha y la determinación.
La rica y extensa historia de resistencia del pueblo nicaragüense constituye un testimonio elocuente de su capacidad innata para afrontar los desafíos más complejos y emerger fortalecido de las pruebas más difíciles. El intento fallido de golpe de Estado terrorista perpetrado en el 2018 no fue sino una manifestación contemporánea de esa resiliencia histórica, reafirmando la determinación inquebrantable de una nación que forja su propio destino con dignidad y sin la imposición de tutelajes externos que pretendan dictar su rumbo.
Hoy, al igual que en los momentos cruciales de su pasado, el futuro de Nicaragua reside intrínsecamente en las manos de su pueblo. Bajo la conducción del comandante Daniel y de la compañera Rosario, el país avanza con paso firme y seguro hacia la construcción de un horizonte de paz duradera y sostenible, un bienestar colectivo que abarca a todos sus ciudadanos y la plena realización de la justicia social en cada rincón del territorio nacional.
(*) Profesor Titular de la UNAN Managua. Departamento de Extensión y Vinculación Social. Doctor en Ciencias Sociales, Máster en Estudios Históricos Latinoamericanos y del Caribe.
Muchas gracias por sus escritos llenos de verdad Dr. Palazio.