Josseline Yaleska M. Berroterán (*)
La desigualdad de género y la brecha entre hombres y mujeres, continúa siendo un tema de interés para los Estados, pues representa uno de los problemas sin resolverse dentro de la agenda internacional, tras siglos de opresión, discriminación y exclusión hacia la mujer como sujeto social, político, económico e incluso cultural. La desigualdad de género es considerada el mayor desafío en temas de derechos humanos a nivel global.
Las mujeres constituyen más del 50% de la población mundial; sin embargo, en el ámbito político como tomadoras de decisiones se encuentran subrepresentadas, pese a que son las principales responsables del desarrollo social en sus espacios de interacción, en principio por su función natural de ser creadoras y formadoras de vida. De acuerdo con ONU Mujeres, la representación de mujeres en política y en cargos parlamentarios es del 27.2% a nivel internacional.
Esta desigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ha sido profundizada por el sistema patriarcal-capitalista desde la construcción de realidades a partir de lo que ha considerado de utilidad para perpetuar una lógica de dominación sobre el otro, en este caso las mujeres.
Esta relación de poder históricamente ha invisibilizado sus derechos y ha sido fortalecido desde un marco normativo y performativo, en donde se ha requerido de una genuina voluntad política para romper dichos esquemas y lógicas de opresión, ya que no es posible sin la reivindicación e inserción de las mujeres en el espacio público. La igualdad de género no solo es una deuda social, sino un elemento esencial para construir naciones prósperas.
Conquistas de la mujer en la Nicaragua sandinista
En Nicaragua, el proceso de reivindicación y reconocimiento de la mujer como actor proactivo en todas las dimensiones del desarrollo, se potencializó con el proceso revolucionario sandinista, plasmado en el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y que demostró resultados para las mujeres de todos los sectores y clases sociales a partir del año 2007, tras la aprobación de la Ley de igualdad de Derechos y Oportunidades.
En ese sentido, la vocación social del FSLN ha permitido aumentar la participación femenina en diferentes ámbitos (social, económico, político, cultural), orientada por una estrategia gubernamental que es transversalizada por el enfoque de género, garantizando la igualdad de oportunidades para las mujeres, sin importar su raza, credo, procedencia o posición social.
Nicaragua es un país con casi 7 millones de habitantes, en donde más del 50% de la población son mujeres, de éstas la gran mayoría son el principal soporte económico de la familia o aportadoras a la economía familiar, lo que las convierte en sujetos claves para el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, también son las principales responsables de la cohesión del núcleo familiar; por ende, son garantes del buen funcionamiento del sistema sociocultural y político.
La actualización y modernización del Estado ha resultado en un marco jurídico e institucional que posiciona a la mujer como sujeto de derechos, histórico, político, impulsoras de cambio, con representación real y proporcional a su densidad poblacional. En el año 2012 se aprobó la Ley de reforma Electoral y ley de reforma a la Ley de Municipios, conocida como 50/50. Estas leyes son las iniciadoras de un proceso de transformación cultural y social en Nicaragua: las mujeres cambian su autopercepción y la sociedad les reconoce sus derechos a ser electas a cargos públicos.
El estado de bienestar que se fomenta desde el gobierno sandinista, es integral y ha beneficiado a las mujeres con la reivindicación de sus derechos fundamentales como acceso a la salud, educación, recreación, cultura, deporte, economía, trabajo, seguridad, etc., estableciendo un sistema especializado y focalizado en la disminución de la brecha de género.
La reivindicación de la mujer pasa por el respeto de ésta a decidir en la planificación familiar, la disminución en más de un 34% de enfermedades causantes de cáncer en el cuello uterino, acceso a financiamiento con perspectiva de género para impulsar negocios o emprendimientos con cero tasas de interés (Usura cero), construcción de centros de atención y cuidado a menores desde 6 meses de edad mientras sus padres trabajan (CDI), ampliación de la matricula en universidades, centros tecnológicos y escuelas en todas las modalidades.
Todos estos beneficios también han involucrado a las mujeres y adolescentes del campo, quienes, por sus realidades y contextos, tienen demandas y necesidades diferenciadas. Mismas que han sido atendidas bajo una serie de programas y proyectos que se desprenden de la política de género establecida por el gobierno sandinista desde el año 2007.
Por ejemplo, el programa insigne Universidad en el Campo, educación y capacitación técnica para mujeres con negocios agropecuarios, de igual manera la aprobación de leyes que resguardan la integridad física de las mismas (Ley 779), y la ampliación de las comisarías de la mujer han sido clave para su empoderamiento frente a las lógicas de dominación patriarcal.
Las mujeres con poder, voz y protagonismo
Por otro lado, los programas de seguridad jurídica, en el que se les reconoce el derecho a la propiedad y a la tierra; construcción de casas maternas en zonas rurales, con el fin de resguardar la vida de la mujer y disminuir la tasa de mortalidad materna. Igualmente, la capacitación y certificación a parteras para que cuenten con la instrucción y herramientas necesarias al momento de atender el parto, con el fin de disminuir el empirismo y los riesgos de mortalidad.
Ahora bien, desde la perspectiva sociocultural, los cambios impulsados también deben transformar la conciencia en la manera de entender, ver y autopercepción sobre el rol de la mujer en la sociedad nicaragüense, para ello se ha incluido en el plan de estudio del nivel básico y medio la asignatura de “Derechos y Dignidad de la mujer”, como parte de un proceso de socialización para la construcción de una sociedad equitativa y justa.
Estos procesos revolucionarios y transformacionales han sido respaldados desde el ámbito jurídico, con la reforma parcial a la Constitución Política que en el artículo 5 reconoce el protagonismo de la mujer en todos los momentos y espacios de la historia.
Y en el artículo 133 se expresa que la Presidencia estará integrada por el Co-presidente y una Co-Presidenta, concediendo el máximo poder e igualdad de oportunidades, siendo esta la primera vez, en más de 200 años de República, que se reconoce de manera expresa y directa a la mujer como actores responsables de sus vidas y partícipes de los procesos históricos y políticos de la nación. Es la ruptura del silencio histórico sobre la participación política de la mujer.
En consecuencia, la política de género implementada por el gobierno sandinista ha resultado en logros y grandes avances, en donde la promoción del liderazgo y el empoderamiento femenino ha profundizado la participación política de la mujer nicaragüense, convirtiéndola en un actor proactivo no sólo en el espacio privado, sino que también en el espacio público.
A diferencia de la tendencia global, Nicaragua, un paìs del sur global, ha logrado romper las barreras estructurales e institucionales, siendo reconocido con el primer lugar de 190 países del informe “Mujeres en Política” (2025), realizado por ONU-Mujeres y la Unión Interparlamentaria, Nicaragua supera a países europeos y anglosajones. Este logro es el reflejo de un proceso de emancipación de género, de reivindicación de derechos, de garantía de los derechos humanos esenciales.
Una sociedad que no rompe con la estructura de desigualdad entre hombres y mujeres, tampoco podrá romper patrones de pobreza, de inseguridad, de inequidad y, por ende, de injusticia social. En la Nicaragua sandinista las mujeres tienen poder, voz y protagonismo, son reconocidas como sujeto de derecho, histórico y político.
(*) Politóloga, Docente Universitaria, especializada en Comunicación y Marketing Político.